Recomendaciones de activistas y grupos de la comunidad de LGBTIQ+ al Anteproyecto de Ley “Código de las Familias”

Recomendaciones de activistas y grupos de la comunidad de LGBTIQ+ al Anteproyecto de Ley “Código de las Familias”

SUSTENTO LEGAL DE ESTA PETICIÓN

A la Presidencia de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado de la República de Cuba.

A diputados y diputadas que integran la comisión redactora del Anteproyecto de Ley “Código de las Familias”:

  • Esteban Lazo, Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado
  • Ana María Mari Machado, Vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular
  • Homero Acosta Álvarez, Secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular
  • Oscar Manuel Silvera Martínez, Ministro de Justicia y Diputado a la Asamblea Nacionaldel Poder Popular.
  • José Luis Toledo Santander, Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales yJurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular
  • Arelis Santana Bello, Presidenta de la Comisión de atención a la Juventud, la Niñez y laIgualdad de los Derechos de la Mujer, de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Quienes suscribimos la presente petición ostentamos la ciudadanía cubana, condición que acreditamos con nuestros números de identificación y venimos por medio del presente documento escrito a ejercer nuestro legítimo derecho “… a dirigir quejas y peticiones a las autoridades, las que están obligadas a tramitarlas y dar las respuestas oportunas, pertinentes y fundamentadas en el plazo y según el procedimiento establecido en la ley”, consagrado en el Artículo 61 de la Constitución de la República de Cuba.

Que nuestra petición encuentra respaldo en los siguientes preceptos legales:

Constitución de la República:

  • en el inciso b) y h) del Artículo 101 que nos reconoce el derecho de “[controlar] la actividad de los órganos estatales, de sus directivos y funcionarios, de los diputados y de los delegados…”, quienes tienen la obligación constitucional de actuar con la debida transparencia
  • el Artículo 113 que establece que “[l]os diputados tienen el deber de desarrollar sus labores en beneficio de los intereses del pueblo, mantener vínculo con sus electores, atender sus planteamientos, sugerencias, críticas y explicarles la política del Estado…”
  • el Artículo 102 destaca que “[l]a Asamblea Nacional del Poder Popular es el órgano supremo del poder del Estado” y en el Artículo 232 de la Ley No. 131 establece para la Asamblea Nacional del Poder Popular la obligación de proteger, promover y desarrollar “…los derechos y garantías establecidos en la Constitución de la República” e “implementa lo relativo a la tramitación y respuesta de las quejas, peticiones y planteamientos que las personas les dirijan”.

Ley de Organización y Funcionamiento de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado de la República de Cuba, en lo adelante Ley No. 131/2019:

  • Artículo 4. La Asamblea Nacional del Poder Popular, el Consejo de Estado, sus diputados, directivos, funcionarios y empleados, están obligados a respetar, atender y dar respuesta al pueblo, mantener estrechos vínculos con este y someterse a su control, en las formas establecidas en la Constitución de la República y las leyes
  • Artículo 5. La Asamblea Nacional del Poder Popular y el Consejo de Estado, se integran y desarrollan su actividad sobre la base de los principios de la democracia socialista que se expresan en las reglas establecidas en el artículo 101 de la Constitución de la República.

Los firmantes de esta petición hemos realizado un estudio del actual Código de la Familia (Ley No. 1289 de 1975) y hemos identificado una serie de deficiencias, las cuales deben ser resueltas en el Anteproyecto de Ley Código de las Familias publicado el 15 de septiembre de 2021, a través de los medios de comunicación oficial. Hemos analizado dicho anteproyecto y deseamos plantear una serie de aciertos y motivos de preocupación, los cuales exponemos a continuación para que sean tenidos en cuenta en la nueva versión que será presentada al Consejo de Estado, según lo establecido en el artículo 281 de la Ley No. 131/2019:

Aciertos

PRIMERO: Celebramos que el Anteproyecto de Ley “Código de las Familias” elimine la referencia al sexo de las personas en artículo referido al matrimonio, abriendo la posibilidad de ejercer ese derecho a las parejas homosexuales y diversas, las cuales conviven actualmente en Cuba sin reconocimiento legal. Esta modificación responde a los principios de “igualdad y no discriminación” del Artículo 42 de la Constitución de 2019 y debe garantizarse aun en futuras modificaciones que pueda recibir el texto final.

SEGUNDO: Celebramos que el Anteproyecto de Ley “Código de las Familias” resuelve la deficiencia del Código vigente sobre el lenguaje discriminatorio y no inclusivo. La propuesta de ley actual contempla el uso del plural para referirse a “las familias” y el uso de términos como “cónyuges” o “parejas”. En ese sentido, celebramos también la inclusión del término “personas en situación de discapacidad”, recomendado por innumerables organismos internacionales para romper con la idea de que la persona tiene la culpa de su propia discapacidad, y para señalar que en realidad la discapacidad es el resultado del contexto social que impone barreras físicas y sociales. Celebramos además el reconocimiento explícito de los derechos de estas personas a formar familia, decidir sobre su sexualidad y procrear

TERCERO: Celebramos que el Anteproyecto de Ley “Código de Familias” al prohibir las formas inapropiadas de disciplina, resuelve la deficiencia del Código vigente, el cual expone a la violencia y a los malos tratos a niñas, niños y adolescentes, al permitir a los padres “reprender y corregir adecuada y moderadamente a los hijos bajo su patria potestad”.

CUARTO: Celebramos que el Anteproyecto de Ley “Códigos de las Familias” reconoce de forma expresa el derecho de la voluntad procreacional y los derechos reproductivos de las personas que tienen de forma real o percibida una orientación sexual y/o una identidad de género diversa, a través de la filiación por reproducción asistida o la gestación por encargo, así como el reconocimiento de las familias monoparentales u homoparentales. El uso del lenguaje binario en el Código vigente excluía a estas personas del ejercicio de derechos fundamentales en condiciones de igualdad, como es el derecho al ejercicio de la paternidad, la maternidad y/o la adopción, escoger libremente la forma de organización de las familias, y los derechos reproductivos de las mujeres lesbianas, personas transgénero y hombres independientes.

QUINTO: Celebramos que el Anteproyecto de Ley “Códigos de las Familias” prohíba explícitamente la referencia a la fuente de la filiación en las certificaciones de nacimiento expedidas por el registro del estado civil y que reconoce que “la filiación puede tener lugar por procreación natural; por el acto jurídico de la adopción; por el uso de cualquier técnica de reproducción asistida y por los lazos que se construyen a partir de la socio-afectividad reconocida judicialmente”. Celebramos la inclusión de la “excepcionalidad de la multiparentalidad y fuentes”, reconociendo que una persona puede tener más de dos vínculos filiatorios.

SEXTO: Celebramos que el Anteproyecto de Ley “Código de las Familias” elimina el requisito de adopción de “solo a las personas unidas por matrimonio” y lo amplía a la adopción unilateral. Aunque mantienen la edad mínima para adoptantes de 25 años y la diferencia de edad entre el adoptado y adoptante de mínima de 18 años y máxima de 50, celebramos que exceptúe del cumplimiento de este requisito en la adopción entre parientes o por integración. El Código vigente limita el derecho a la adopción solo a las personas unidas en matrimonio y establece como requisitos abusivos para ejercer este derecho una edad mínima para el adoptante y una deferencia de edad del adoptante y adoptado, que constituyen una restricción innecesaria, desproporcionada e irracional.

SÉPTIMO: Celebramos que el Anteproyecto de Ley “Código de las Familias” incluye explícitamente el derecho de las abuelas, abuelos y otros parientes consanguíneos afines, en cuanto a guarda y cuidado de nietos y nietas, así como al régimen de comunicación oral o escrita, incluso a través de medios tecnológicos, con las personas menores de edad.

Motivos de preocupación

PRIMERO: El Código vigente no reconoce a la “identidad de género” como constitutiva de la identidad de la persona, ni el derecho de las personas a decidir sobre su “orientación sexual”. Por tal motivo, un grupo numeroso de cubanas y cubanos sufren de estigma, discriminación y negación de derechos por no tener una correspondencia entre la identidad de género y el sexo asignado al nacer. El sufrimiento de estas personas comienza desde edades tempranas en sus familias y sus vidas pueden tornarse precarias durante las etapas posteriores. Las desventajas sociales pueden incluir dificultades para recibir una educación con calidad, pobre acceso a un empleo digno, problemas en la atención de salud, pobre participación política y social, y mayor vulnerabilidad a contraer infecciones de transmisión sexual, entre otras.

Si bien el Anteproyecto de Ley “Código de las Familias” reconoce la igualdad y no discriminación como uno de los principios que rigen la relación que se desarrollan en el ámbito familiar; en el inciso a) del Artículo 3 no prohíbe de forma expresa la discriminación por orientación sexual o identidad de género. Este es uno de los motivos de discriminación reconocidos en el derecho internacional y en la Constitución Cubana.

Por otra parte, el Artículo 4 del Anteproyecto de Ley “Código de las Familias”, relaciona los derechos que regula y protege, y menciona algunos grupos en situación de vulnerabilidad de los cuales excluye a las personas que tienen de forma real o percibida una orientación sexual y/o una identidad de género diverso. Esta omisión permitiría una discriminación que invisibilizaría a la comunidad LGBTIQ+, especialmente por parte de los operadores del derecho que deberán interpretar y aplicar esta norma.

SEGUNDO: El Código vigente posibilita la suspensión o privación de la patria potestad por motivos ideológicos que pueden constituir una discriminación por motivos de la opinión política o de otra índole. Además, exige “condiciones morales” al o la adoptante, las cuales pueden favorecer la discriminación de facto por motivos políticos o por razones de la orientación sexual e identidad de género, teniendo en cuenta que hasta hace poco más de dos décadas las conductas asociadas a las mismas estaban criminalizadas.

El Anteproyecto de Ley “Código de las Familias” cambió el término “patria potestad” por el de “responsabilidad parental” y si bien no incluye la suspensión por motivos ideológicos, en el Artículo 250 describe como requisitos para adoptar a las personas que b) [se hallen] “en el pleno goce de los derechos civiles y políticos”. Esta redacción pudiera conllevar a una discriminación por motivos de opinión política. La adopción debe constituir un ejercicio civil, no politizado.

Todavía el Estado Cubano no reconoce a padres y/o madres los derechos reconocidos en tratados internacionales de los que es parte o se comprometió a observar, entre ellos el artículo 14 de la Convención de los Derechos del niño1 y los apartados 3 y 4 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales2. Esta omisión puede constituir una intromisión innecesaria en la vida personal y familiar, especialmente cuando padres y/o madres están compelidos a ciertos deberes como los previstos en los inciso i), j) y n) del Artículo 286 del Anteproyecto de Ley “Código de las Familias”, los cuales pueden entrar en conflicto con el ejercicio de derechos fundamentales de carácter absolutos como es la libertad de pensamiento, conciencia y religión y la libertad de opinión, así como la de proteger o garantizar defensa de sus hijos, incluido los casos en que estos entren en conflicto con la ley penal. En consecuencia, recomendamos que se modifiquen o eliminen aquellos que constituyen una forma de intromisión en la vida privada y que propician discriminación y la exclusión por motivos de opinión política.

TERCERO: Si bien es cierto que la regulación de los contenidos tratados en el Anteproyecto de Ley “Código de las Familias” no excluye a las personas que tienen de forma real o percibida una orientación sexual y/o una identidad de género diverso, omitió ordenar la modificaciones a la legislación complementaria relacionada con el estado civil, ante la ausencia de reconocimiento oficial de la identidad de género por su transcendencia al ejercicio de los derechos que se regulan en el Artículo 4, inciso c), d), g), h), e i). Las regulaciones actuales sobre el registro del estado civil no permiten a las personas modificar en sus documentos oficiales el sexo asignado al nacer y esto afecta el proyecto de vida personal y familiar libremente, con trascendencia a la documentación oficial que se anota en el registro civil, con relación a la institución del matrimonio, filiación, la maternidad o paternidad. Las personas trans o no binarias se ven obligadas a someterse a la esterilización farmacológica (con hormonas del otro sexo) y quirúrgica (cirugías para la afirmación del género) para ser reconocidas jurídicamente con su identidad de género. Los modernos sistemas biométricos empleados en los documentos de identidad cubanos permiten identificar a una persona sin necesidad de recurrir a su aspecto físico (mujer u hombre).

CUARTO: El Anteproyecto de Ley “Código de las Familias” en su Artículo 65 sobre el consentimiento y la capacidad para formalizar matrimonio, establece que “excepcionalmente, y por causas justificadas, el Tribunal puede otorgar a personas menores de dieciocho (18) años la autorización para formalizar el matrimonio siempre que tengan dieciséis (16) años cumplidos.” Consideramos que las “causas justificadas” para la aprobación del matrimonio infantil deben ser definidas con claridad o al menos el nuevo Código de las Familias deberás especificar qué documento o regulación complementaria abordará esta temática. Teniendo en consideración las altas cifras de matrimonios de menores que existen en Cuba, recomendamos estudiar esta posibilidad al máximo para velar por el correcto bienestar y desarrollo de las niñas, niños y adolescentes en Cuba.

QUINTO: El Anteproyecto de Ley “Código de las Familias”, en su Artículo 171 sobre el Ámbito de aplicación de las uniones de hecho dispone que “las disposiciones se aplican a las uniones de hecho afectiva entre dos personas con actitud legal para ello (…)” El término “dos personas” desconoce la multiplicidad de relaciones amorosas de más de dos personas que existen en Cuba. Pudiera eliminarse la categorización de “dos personas,” para no limitar la posibilidad de formalizar las uniones a otros tipos de familias, dotándolas de la actitud y el reconocimiento legal necesario para el ejercicio de sus derechos basados en el principio de igualdad y no discriminación y el reconocimiento por parte del estado de las diferentes formas de organización de las familias, establecido en el Artículo 81 de la actual Constitución de la República.

Recomendaciones

PRIMERA: Mantener en el proyecto final de Ley “Código de las Familias”, que será sometido a aprobación de la Asamblea Nacional del Poder Popular y Referéndum Popular, los aspectos positivos que hemos señalado en el acápite de “Aciertos” de este documento, así como otros derechos finalmente reconocidos en el Anteproyecto, los cuales constituyen una exigencia histórica de grupos LGBTIQ+. Específicamente creemos que no deben ser removidos, en ninguna circunstancia, las propuestas sobre matrimonio igualitario y uniones de hecho, adopción, filiación asistida y gestación solidaria, derechos de abuelos y abuelas, reconocimiento de personas en situación de discapacidad y el enfoque en los infantes como sujetos de derecho.

SEGUNDA: Incluir de forma expresa la prohibición de discriminar por los motivos previstos en los tratados internacionales reconocidos por Cuba que competen en este caso y en el Artículo 42 de la Constitución Cubana que reconoce la discriminación por razones de “sexo, género, orientación sexual, identidad de género, edad, origen étnico, color de la piel, creencia religiosa, discapacidad, origen nacional o territorial, o cualquier otra condición o circunstancia personal que implique distinción lesiva a la dignidad humana”. También es imprescindible reconocer a los padres y las madres los derechos reconocidos en tratados internacionales en los que el Estado cubano es parte o se comprometió a observar, entre ellos el artículo 14 de la Convención de los Derechos del niño y el apartado 3 y 4 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Esta recomendación está basada además en lo dispuesto en los Artículos 8, 40, 41 y 54 de la Constitución vigente desde el 10 de abril de 2019 y lo prescrito en tratados internacionales en vigor para la República de Cuba, que por mandato constitucional forman parte del ordenamiento jurídico nacional, y que protegen expresamente la libertad de expresión, entre los que se encuentran:

  • la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, ratificada por Cuba el 15 de febrero de 1972,
  • la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ratificada por el Estado cubano el 17 de julio de 1980,
  • la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el Estado cubano el 21 de agosto de 1991
  • la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad ratificada por el Estado cubano el 6 de septiembre de 2007.

TERCERA: Reconocer explícitamente las diferentes identidades de género y el derecho de las personas a elegir libremente sus identidades para constituir personas jurídicas, sin necesidad de recurrir a operaciones de cambio de sexo o tratamiento hormonales para ello. Adicionalmente recomendamos al Estado a reconocer el derecho de las personas a decidir libremente sobre la modificación de sus cuerpos sin impedimentos burocráticos, políticos ni económicos, así como fuera de cualquier tipo de coerción médica.

CUARTA: Incluir dentro del inciso h) del Artículo 5 del Anteproyecto, los conceptos a los cuales se refiere identidad, considerando que la identidad posee dimensiones ontológicas, psicológicas y sociales, que son transversalizadas por el género. La identidad de género es imprescindible en la construcción de la identidad personal y debe ser el aspecto que atraviese al resto de los componentes o dimensiones de la identidad.

QUINTA: Incluir dentro de la nueva norma la prohibición expresa de someter a niñas, niños y adolescentes a terapias y tratamientos médicos forzosos de reconversión de sexo, reasignación de identidad de género o terapias de reafirmación de orientación sexual.

SEXTA: Incluir a las personas que tienen de forma real o percibida una orientación sexual y/o una identidad de género diverso entre los grupos en situación de vulnerabilidad que requieren protección especial, de la misma forma en que han mencionado otros grupos en el Artículo 4, señalando de manera especial los derechos de las personas LGBTIQ+.

SÉPTIMA: Eliminar cualesquiera distinciones entre los derechos reconocidos a hombres y mujeres que excluye a las personas que tienen de forma real o percibida una orientación sexual y/o una identidad de género diverso, con un impacto negativo en el ejercicio de derechos de igualdad y no discriminación, especialmente en la formación de la familia y los roles dentro de esta.

OCTAVA: Proteger a niños, niñas y adolescentes de los matrimonios infantiles eliminando las “excepciones y causas justificadas” para las uniones de menores de 18 años. Caso contrario, especificar en el Artículo 65 cuáles son las causas justificadas por las que las menores o los menores de 18 años pueden contraer matrimonio y qué normas o regulaciones complementarias regirán este aspecto.

NOVENA: Aprovechando que la solución de los problemas planteados implica la reformas de la normativa relacionada con el estado civil de las personas, especialmente los relacionados con datos en las inscripciones de nacimiento, que se reflejan posteriormente en los documentos de identidad, los permisos de conducir y los pasaportes; recomendamos al estado que establezca en la normativa relacionada con el estado civil de las personas, un procedimiento administrativo sencillo, confidencial, accesible y, en la medida de lo posible, gratuito, que permita a las personas cambiar su nombre y sus marcadores de género en los documentos de identidad. El procedimiento en cuestión debe: a) basarse y ser respetuoso con la decisión libre y fundamentada y la autonomía corporal, b) admitir y reconocer las identidades no binarias, tales como las identidades de género que no son ni “hombre” ni “mujer”, y ofrecer diversas opciones de marcadores de género, c) excluir los requisitos abusivos tales como exigir certificados médicos, psicológicos o de otro tipo que puedan ser irrazonables o patologizadores.

Listado de firmantes

1- Jancel Moreno, CI: 99012607641, Colectivo LGBTIQ Dame la Mano

2-  Laura Nuñes Marquetti, CI: 9912204658, Colectivo LGBTIQ Dame la mano

3-  Deyli Castro García, CI: 89090430070, Colectivo LGBTIQ Dame la mano

4-  Neuris Norberto Rodríguez Suarez, CI: 97020900429, Colectivo LGBTIQ Dame la mano

5-  Wilfredo Carmenate Aportela, CI: 84101010106 Dame la mano

6-  Raúl Soublett Lopéz, CI: 92120630787 Alianza Afrocubana LGBTIQ+

7-  Adiel Gonzáles Maimó, CI: 90021706100, Afroatenas

8-  Roberto Ramos Mori, CI: 75043001444, Plataforma 11M

9-  Lidia Romero Moreno, CI: 69052524732, Plataforma 11M

10-  Yasmín Silvia Portales Machado, CI: 80030606995, Plataforma 11M

11-  Jessica Sabina, CI: 94060209078, Revista Tremenda Nota

12-  Nelson Julio Álvarez Mairata, CI: 96091112985, Revista Tremenda Nota

13-  Yennys Hernandéz Molina, CI: 81110723214, Plataforma Ahora Sí

14-  Annery Rivera Velasco, CI: 87072606578, Plataforma Ahora Sí

15-  Danny Raicel Almeida Mora, CI: 94081835004

16-  Yusmany Díaz Leyva, CI: 91091746064

17-  Julio Suárez Roman, CI: 02112360986

18-  José David Suaréz Román, CI: 02112361047

19-  Rosany Román Zeidan, CI: 69102608799

20-  Cindy Gómez Ulloa, CI: 95052739458

21-  Laura Torrez Domínguez, CI: 02091460974

22-  Gabriela de la Caridad López Junco, CI: 02072960973

23-  Grisby Juliette Junco Martínez, CI: 70112907231

24-  Neyda María Zeidan Morejon, CI: 43120403896

25-  Daniela Castilla Rodríguez, CI: 02062160979

26-  Arlette Rojas Sunderland, CI: 02061960978

27-  Eduardo Luis Hernández Alemañy, CI: 02101360965

28-  Samira Gómez Olivera, CI: 02010261054

29-  Nayelis Sanchéz Martín, CI: 02011560972

30-  Melanie Gonzáles López, CI: 03011274732

31-  Lisqueidys Camejo Hernandez, CI: 90050129539

32-  Yoanelys Santana La Osa, CI: 83112706973

33-  Miguel Antonio Pardo Rodríguez, CI: 02111274409

34-  Melissa de la Caridad Zanora Guirola, CI: 02101061058

35-  Liana Raquel Pedroso Quintero, CI: 02072461050

36-  Edilia Elena Piña Valdivia, CI: 44073103736

37-  Onaivis Rodríguez Piña, CI: 76062609014

38-  Elsa Beatriz Vilanova Rodríguez, CI: 95061539695

39-  Leonardo Miguel Rosales Reyes, CI: 96011623304

40-  Miguel Agustín Sánchez Calviño, CI: 92070329864

41-  Luis Felipe Rodr[iguez Echevarría, CI: 99121407009

42-  Juan Luis Figueredo Morales, CI: 79102921446

43-  Yander Utria Viamonte, CI: 96052004129

44- Lauren Salazar Moya, CI: 02092360973

45- Melissa Barbara Pineda Acosta, CI: 02121460971

46- Mónica Alonso Zamora, CI: 01081346350


47- Yamila Tomasa Ferrá Gómez, CI: 67081004591


48- Sofía Masiñeira Pérez, CI: 01080974733


49- Rómell Lazo Nodarse, CI: 81101428823


50- Jeslaine Caridad Torrez Perdomo, CI: 02070261056

51- Yaquelin Caridad Perdomo Nuñes, CI: 76010109034

52- Jorge Luis Cabrera Romero, CI: 00062374643

1 Artículo 14 de la Convención de los Derechos del Niño. “1. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. 2. Los Estados Partes respetarán los derechos y deberes de los padres y, en su caso, de los representantes legales, de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la evolución de sus facultades. 3. La libertad de profesar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la moral o la salud públicos o los derechos y libertades fundamentales de los demás”. Disponible en: https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/crc.aspx

Apartados 3 y 4 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Disponible en:https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx

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